La gripe aviar en la opinión de los periódicos

Eficacia contra la gripe aviar

El Gobierno ha confirmado el primer caso en España de la llamada «gripe aviar» del tipo H5N1, altamente patógeno, en una muestra procedente de un ave acuática silvestre, recibida en el laboratorio de Algete desde la provincia de Álava. Es razonable que se produzca alarma social ante hechos que afectan a la sanidad pública. De ahí que sea imprescindible ofrecer explicaciones claras y precisas y orientaciones básicas para la actuación de los ciudadanos. No hay motivo para que cunda el pánico, aunque es probable un descenso en el consumo de los productos alimenticios afectados, puesto que se trata de un sector muy sensible a las condiciones sanitarias. El Ejecutivo ha puesto en práctica los protocolos previstos, estableciendo perímetros de protección en las zonas correspondientes y reforzando la vigilancia. Pero es fundamental que las distintas administraciones actúen con la máxima coordinación, de modo que la comunidad autónoma vasca debe mantener una relación continua y fluida con el Gobierno y este debe informar permanentemente a las demás autonomías: sería inadmisible que los recelos competenciales pudieran disminuir la eficacia administrativa en una cuestión tan delicada. El intercambio de información y la cooperación técnica con la UE y los organismos internacionales son también imprescindibles.
Los responsables políticos aseguran que se trata de un caso estrictamente veterinario, sin incidencia en la salud humana: «No hay motivos para la alarma ni para el cambio de hábitos», según la vicepresidenta Fernández de la Vega. Pero la credibilidad de estas palabras y de las llamadas a la calma formuladas desde otras instancias depende de una acción firme y rigurosa, de manera que los ciudadanos perciban que la situación está bajo control. Era cuestión de tiempo que la gripe aviar llegara al territorio español, como ha ocurrido en otros países europeos. La migración de las aves es un fenómeno de imposible control, aunque cabe tomar medidas para determinar a tiempo su presencia. La globalización de la sociedad contemporánea produce así mismo una circulación permanente de personas y mercancías, no siempre por vías legales, lo que exige a su vez nuevas actuaciones administrativas en favor de la salud colectiva. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están ante un reto importante: lo principal en estos casos es prever las causas antes que tener que lamentar las consecuencias.

Un caso de gripe aviaria

Hemos dejado de ser una excepción. El laboratorio de referencia confirmó ayer que el virus de la variante H5N1 de la gripe aviaria ha sido hallado en un ave silvestre muerta en Álava, y España se ha convertido en el decimocuarto país de la UE afectado por la enfermedad, circunscrita hasta ahora a los animales. No se trata de una buena noticia, pero tampoco debe representar ningún motivo de alarma. Tenía que suceder en un momento u otro y, por el lugar en que se ha detectado este primer caso, las posibilidades de transmisión de la enfermedad a aves de corral no son muchas, y de que infecte a humanos, prácticamente nulas.
La variante H5N1 del virus de la gripe es muy agresiva, como ha quedado demostrado en los pocos casos en que ha infectado a humanos, en países alejados del nuestro. Si en algún momento el virus llegara a adaptarse a nuestra especie es muy probable que causara una epidemia de graves consecuencias, pero ese momento no ha llegado y nadie puede predecir siquiera si llegará. Lo razonable ahora es no perder la calma, no modificar en absoluto los hábitos alimentarios y, eso sí, exigir a las administraciones que sigan alerta para aislar y erradicar cualquier foco que se produzca.

El virus ya está aquí

El virus H5N1 ha llegado finalmente a España. La visita era esperada. Los especialistas en gripe aviar habían previsto que llegaría a la península con las aves migratorias que durante la primavera vuelan desde África hacia el norte, pero había terminado esta estación sin que se observara ningún caso, de modo que se daba por seguro que el virus aparecería en otoño, con el vuelo de regreso de las aves migratorias. No era concebible que nuestro país escapara a una amenaza que desde 2003 ha alcanzado a 60 países, 14 de ellos en la Unión Europea.
La aparición de este primer caso debe tomarse sin dramatismos, pero con el máximo rigor en la aplicación de las medidas de confinamiento previstas en un círculo de 10 kilómetros a la redonda del humedal de Vitoria donde ha aparecido el ave muerta. Ahora se trata de evitar que llegue a las granjas, porque si lo hiciera, las consecuencias podrían ser mucho más graves, como se ha visto en los cinco países de la UE cuya cabaña aviaria ha sido alcanzada por algún foco de infección.
Además de importantes daños económicos, la extensión del virus a las granjas aumentaría también el riesgo de infección en las personas que tuvieran contacto con las aves enfermas. No hay que olvidar que se trata de un virus especialmente dañino: de las 229 personas que a la Organización Mundial de la Salud (OMS) le consta que se han infectado, la mayor parte de ellas en Asia, 131 han fallecido, lo que supone un elevado índice de mortalidad. Se trata de contagios producidos por el contacto directo con aves infectadas, pero al menos en un caso los servicios epidemiológicos de la OMS han podido constatar que se ha producido una transmisión entre humanos, concretamente entre un padre y un hijo de una familia de la isla de Sumatra que ha perdido a siete de sus miembros a causa de la gripe aviar. Afortunadamente, los análisis han revelado que la mutación sufrida por el virus en este caso era menor y no afectaba a su capacidad de transmitirse entre humanos. El contagio pudo producirse pues por un estrecho contacto entre los afectados y no porque el virus hubiera adquirido la capacidad de transmitirse fácilmente por el aire, como ocurre en la gripe común de los humanos.
Existen, sin embargo, signos alarmantes en este episodio que aconsejan mantener la guardia alta. El hecho de que los cerdos analizados en Sumatra hubieran desarrollado anticuerpos contra el H5N1 significa que habían estado en contacto con el virus, y es conocido que una de las vías para que se produzca la temida mutación que pudiera dar lugar a una pandemia en humanos consiste en que el virus de la gripe aviar y el de la gripe común entren en contacto en algún animal, presumiblemente el cerdo, e intercambien su material genético. Mantener la alerta sin caer en la alarma sigue siendo la receta a seguir contra la amenaza de la gripe aviar.

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Los periódico opinan sobre la reunión del PSE y Otegi

El alarde de Batasuna

La reunión que ayer mantuvieron el Partido Socialista de Euskadi y la organización ilegal Batasuna demostró la superioridad que en todos los terrenos ha adquirido ETA frente al Gobierno en los inicios de este llamado «proceso de paz». Mientras Patxi López se perdía en disquisiciones inefables sobre la finalidad de la reunión -el apostolado democrático con Otegi y compañía-, pero aceptando que la izquierda proetarra estará en la negociación de un nuevo marco político para el País Vasco, Arnaldo Otegi dio a conocer, sin medias tintas, su nueva victoria política, el nuevo terreno ganado al Estado en este proceso de reversión de la derrota de ETA. No es bueno que la sociedad española tenga que enterarse por Otegi,« Gara» o la propia ETA de lo que han estado haciendo los socialistas y el Gobierno de Rodríguez Zapatero en los últimos tiempos para propiciar la negociación política con los etarras. Pero esta es la pauta que se ha impuesto en un proceso que se sostiene sobre la ocultación consciente de una verdad que ayer hizo dramática presencia en la indignación de Pilar Ruiz, madre de Joseba Pagazaurtundua, cuyas lágrimas se alternaban con acusaciones de traición a Rodríguez Zapatero y a Patxi López.
Por eso, el problema del Gobierno es de una falta total de crédito para asegurar a los ciudadanos españoles unos mínimos éticos y políticos en su negociación con ETA. Ayer, Arnaldo Otegi reconoció -otra vez, pero ahora con agravante al hacerlo en la cara de Patxi López- que Batasuna y el PSE llevaban años con «canales de comunicación» y que esa comunicación es lo que permitió llegar a la reunión de ayer. Pues bien, no puede pasar un día más sin que el secretario general del PSOE -y, a la sazón, presidente del Gobierno- dé una cumplida explicación de esos contactos y de sus contenidos, pues habrá de presumirse que se celebraron con su conocimiento y autorización. Además, habrá de ratificar o desmentir a Otegi cuando, en la declaración posterior a la reunión, dio a entender de forma inequívoca que el PSE aceptaba la propuesta de Anoeta, es decir, el método diseñado por ETA para la negociación política sobre el futuro del País Vasco; y que también aceptaba que, al final de este proceso, habría de respetarse, sin límites ni condiciones, la voluntad de los vascos, es decir una consulta de autodeterminación.
Se ha criticado con dureza a quienes anticiparon hace semanas que el Gobierno y ETA compartían agenda, pero los acontecimientos han confirmado no una coincidencia de mensajes, sino una secuencia común de decisiones y mensajes convergentes por ambas partes. Ayer se hizo patente. Si ETA estaba derrotada, nada de lo que está sucediendo tiene justificación. Todo lo contrario, pues conduce a evitar la derrota incondicional de ETA y su trueque por un final convenido, y no del terrorismo, sino del orden constitucional y estatutario del País Vasco. Ayer mismo, el secretario de organización del PSOE reconoció que, con Batasuna legalizada, en la mesa política se puede hablar del derecho de autodeterminación. Este tactismo de brocha gorda revela que la legalización de Batasuna es necesaria no tanto para el brazo político de ETA, como para que el PSOE pueda lavar su conciencia y decir que no es con ETA con la que negocia políticamente, sino con una formación a la que se habrá legalizado en proceso de simple cirugía estética.
La reacción del Partido Popular al anunciar su desvinculación de los acuerdos que alcance el Gobierno con ETA y Batasuna es coherente con su posición inicial y da seguridad a una buena parte de la sociedad española. El Gobierno ya está avisado de que el PP no está simulando. Su oposición es de principios y no de oportunidad, lo que debería llevar a Rodríguez Zapatero a asumir que su gestión precipitada y progresivamente débil de este proceso de negociación ha hecho imposible de antemano el consenso que demandaba la sociedad española. Ayer, Batasuna marcó las reglas de un proceso que nunca debió comenzar así.

Foto forzada
La reunión de ayer en un hotel de San Sebastián entre sendas delegaciones del PSE y la ilegalizada Batasuna resulta un ejemplo depurado de las tensiones diversas y a veces contradictorias que afloran en el ensayo iniciado por el Gobierno para poner fin a la violencia de ETA. La estudiada frialdad del encuentro denota lo forzado de la gestación de esa foto, reclamada por la izquierda abertzale para superar el momento crítico que atravesó el proceso a finales de mayo.
Pero la escenificación de la cita, casi propia de la diplomacia de la guerra fría, así como las valoraciones hechas por Patxi López y Arnaldo Otegi, revelan también la visión divergente que de ese proceso tienen ambas partes. Para los socialistas, el objetivo es acelerar la desaparición de ETA -un sangriento anacronismo en la Europa del siglo XXI- sin pagar un precio político y dentro de los márgenes de la ley. El propósito de Otegi y los suyos es intentar transformar en una victoria política la derrota del terrorismo y dar sentido a su absoluta falta de justificación.
Es comprensible que un encuentro público entre las cúpulas del PSE y de un grupo situado al margen de la ley sea objeto de controversia. Máxime cuando los socialistas vascos sostuvieron en el pasado que no se verían con Batasuna mientras fuera ilegal. Sin embargo, el derecho a discrepar de ese gesto, o a valorarlo como una concesión, no debe conducir a la infamia de dudar de la intención con que se hizo, ni, aún menos, convertirlo en una suerte de increíble rendición a ETA. Más allá de toda desmesura, a la presidenta del PP vasco, María San Gil, debió traicionarla el subconsciente cuando comparó la reunión de ayer con la que mantuvieron Franco y Hitler en Hendaya. Especialmente, después de la falta de adhesión de su partido a la condena al régimen franquista en el Parlamento Europeo. No deja de ser chocante que el partido que se presenta más beligerante contra el terrorismo sea a la vez el más dispuesto a concederle victorias gratuitas por actuaciones del Gobierno con las que se puede estar o no de acuerdo, pero que sólo desde el prejuicio más grosero cabe considerar como peajes cobrados al Estado de derecho.
Con el anuncio de Zapatero del inicio del diálogo del Gobierno con ETA para su desarme y con la cita política de ayer, el llamado proceso entra en un periodo de mayor transparencia, y los deberes pasan al terreno de la organización terrorista y de su brazo político. Otegi ha calificado de "históricas" ambas iniciativas, pero sólo ha tomado de ellas la lectura que le ha interesado. Sabe, sin embargo, que el tiempo apremia sobre todo a la izquierda abertzale, si quiere concurrir a las próximas elecciones municipales. Y sabe también que no habrá una segunda foto mientras no presente en la ventanilla del Ministerio de Interior los estatutos de una nueva formación política que cumpla los requisitos democráticos de la Ley de Partidos. A ese momento, cuando se desmarque sin ambages de la violencia y ETA anuncie su disolución, sí podrá aplicársele con propiedad el calificativo de "histórico".

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Corea en los editoriales de los periódicos

Ruidosa cohetería

Corea del Norte ha celebrado el día de la independencia estadounidense lanzando media docena de misiles balísticos en el transcurso de algunas horas, entre ellos, uno de alcance supuestamente intercontinental que se precipitó al mar antes de un minuto; los demás, scuds tradicionales, cayeron en el mar del Japón y probablemente estaban destinados sólo a hacer ruido de acompañamiento. A Washington, Japón y Corea del Sur -los dos últimos, blancos inmediatos de la cohetería norcoreana en caso de conflicto- les ha faltado tiempo para poner el grito en el cielo, en contraste con el laconismo de Pekín, que se ha limitado a pedir calma a todas las partes. El Consejo de Seguridad se ha reunido de urgencia para tratar, por primera vez en tres años, la crisis norcoreana.

Los fuegos artificiales de Kim Jong Il no violan ningún tratado ni han supuesto una amenaza directa a la seguridad de otros países, pero al régimen comunista se le había pedido en las últimas semanas desde las más diversas instancias que no llevase adelante sus pruebas balísticas. La decisión de Pyongyang, pues, viene a confirmar una vez más el carácter provocador e impredecible de un sistema dictatorial, apoyado exclusivamente en las fuerzas armadas, y cuya naturaleza y misma existencia requiere de la confrontación permanente con el mundo exterior. Una condición ésta, la de su anomalía y aislamiento internacional, exacerbada por el presidente Bush con la aplicación de su malhadado eslogan de los ejes del mal.

Pyongyang tiene celos de Teherán. Su desplante está destinado básicamente a llamar una vez más la atención de EE UU para conseguir un diálogo directo y bilateral con la superpotencia sobre las ambiciones nucleares norcoreanas y su necesidad de concesiones de seguridad por parte estadounidense. Pero el resultado de su lanzamiento múltiple no parece ajustarse al guión establecido. Primero, porque Washington se ha apresurado a asegurar que el contencioso con Corea del Norte no es cuestión de dos y que el único camino siguen siendo las conversaciones a seis auspiciadas por Pekín -con Rusia, Japón y Corea del Sur-, suspendidas desde noviembre. Segundo, y más importante, porque el lanzamiento de un cohete intercontinental, primero desde 1999, ha sido un absoluto fracaso y la constatación de que los norcoreanos necesitan quizá una década más para dominar una tecnología con la que poder amenazar a EE UU. Muy diferente habría sido la templada reacción de la Casa Blanca si Pyongyang hubiera sido capaz de hacer volar su Taepodong-2 hasta el otro lado del Pacífico.

No se otea a corto plazo solución a la crisis norcoreana, ni con la intervención del Consejo de Seguridad. La efectiva reanudación de las conversaciones multilaterales, pese a la doctrina oficial estadounidense, parece más lejana que nunca tras el alarde coheteril del martes. Mucho de lo que pueda suceder depende de China, el único aliado de Pyongyang y su sostén económico directo. Pero Pekín juega la baza norcoreana en función de sus planteamientos estratégicos a largo plazo, y por el momento no parece tener ningún interés en disciplinar a su estridente vecino.

La amenaza norcoreana
La escalada de tensión provocada por Corea del Norte supone una grave amenaza para la paz internacional. El lanzamiento de seis misiles sobre el mar de Japón representa un gesto de hostilidad hacia sus vecinos surcoreano y japonés, así como una abierta provocación hacia los Estados Unidos. No hay que olvidar que, hace unos días, la administración Bush advirtió a Corea del Norte que consideraría inaceptable el disparo de cohetes con autonomía suficiente para llegar a Alaska o a las islas Hawai, algo que se produjo, precisamente, el pasado 4 de julio -fiesta nacional norteamericana- con el lanzamiento de un misil Taepodong-2 de largo alcance y otros cinco misiles de autonomía menor. De este modo, el régimen de Pyongang sigue empeñado en poner difíciles las cosas, ya que su estrategia de proliferación armamentística agudiza aún más la inseguridad en una zona extraordinariamente sensible al conflicto militar desde la guerra de Corea.
Que un país totalitario como Corea del Norte disponga de cohetes balísticos y armas atómicas es una peligrosa ecuación cuyo resultado se traduce en la inestabilidad del Extremo Oriente, sobre todo cuando no oculta su voluntad agresiva sobre sus vecinos, Corea del Sur y Japón. Este hecho se agrava si se tiene en cuenta que la dictadura comunista no sólo mantiene en jaque la tranquilidad de esos países, sino que proyecta la sombra de su hostilidad sobre los EE.UU., garantes de facto de la seguridad de ambas democracias desde que se fijó la línea de demarcación trazada alrededor del paralelo 38. En este sentido, la evolución de los acontecimientos se hace cada vez más inquietante a la vista del perfil desequilibrado y la falta de escrúpulos del tirano que dirige los destinos de Corea del Norte, Kim Jong Il. Con niveles de pobreza brutales y con un régimen de violencia institucional insospechada, el comunismo norcoreano se ha convertido en un paradigma totalitario que ha hecho del riesgo de proyectar más allá de sus fronteras el terror nuclear a lomos balísticos una forma de chantaje internacional. La reacción de la Bolsa de Tokio, la caída del índice Nikkei y de la cotización del yen frente al euro y el dólar evidencian la preocupación con la que, por ejemplo, los mercados nipones han acogido lo que el Gobierno del primer ministro Koizumi ha considerado, con razón, un gesto inamistoso hacia la segunda potencia económica del planeta y uno de los más firmes aliados de Occidente.
Así las cosas, resulta urgente la condena de la comunidad internacional, tal y como ha reclamado Washington al abrir consultas con los otros miembros del Consejo de Seguridad. La reacción británica no se ha hecho esperar. La ministra de Exteriores del Reino Unido, Margaret Beckett, ha calificado los hechos de provocación y ha comprometido su ayuda. En esta línea, tanto China como Rusia han manifestado su preocupación, y la Unión Europea ha condenado los hechos al considerarlos un desafío que «crea tensiones adicionales para la estabilidad regional». De hecho, estos lanzamientos tienen lugar cuando está abierto un proceso de negociación a seis bandas -las dos Coreas, Rusia, China, Japón y los EE.UU.- que trata de resolver la amenaza nuclear que pende sobre la península asiática, violando así el espíritu de confianza mutua plasmado en la declaración conjunta adoptada por los negociadores el pasado mes de septiembre de 2005, y que complementó la moratoria unilateral sobre pruebas de misiles adoptada por Pyongang en 1999 tras el disparo, entonces, de un cohete intercontinental. Corresponde a la comunidad internacional ejercer a través del Consejo de Seguridad una política contundente que ponga freno al desafío militar que plantea Corea del Norte desde hace años, una presión que no puede descartar ninguna fórmula diplomática y que, además de las sanciones económicas, debe dejar abierta la posibilidad del empleo de otras medidas. Si la tiranía de Kim Jong Il saliera airosa de esta nueva crisis, se crearía un peligroso precedente que dificultaría no sólo la distensión en la zona, sino que daría alas a otros países. Aquí hay que tener en cuenta el pulso planteado por Irán a la comunidad internacional. De nuevo la combinación de la diplomacia y el ejercicio prudente de la firmeza deben contribuir a que la seguridad del planeta sea salvaguardada, algo, por cierto, que no sólo agradecerán sus vecinos, sino que, como señalaba con acierto el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, es «importante ante todo para el pueblo norcoreano».

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La opinión de los periódicos

Reunión bajo lupa
La reunión prevista para mañana entre los socialistas vascos y Arnaldo Otegi y otros dirigentes de la ilegalizada Batasuna puede llegar a los dominios de la Sala Civil y Penal del Tribunal de Justicia del País Vasco. O a los del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, de nuevo bajo el control del juez Baltasar Garzón, ante el que ha sido presentada una denuncia con la pretensión incluso de que se prohíba su celebración de antemano. Ya sucedió con una reunión del mismo tipo mantenida por el lehendakari Juan José Ibarretxe, objeto de una demanda admitida a trámite en su día.

La Ley de Partidos, independientemente de las críticas que ha recibido -por parte de Amnistía Internacional la última-, ha servido para arrinconar a los violentos. No tiene sentido que ahora quiera utilizarse de nuevo, junto a una lectura interesada y sesgada tanto de la sentencia del Supremo sobre la ilegalización de Batasuna como del auto de suspensión de sus actividades dictado por el juez Grande-Marlaska, con el objetivo de obstaculizar el plan para el abandono definitivo de la violencia por parte de ETA.

El Foro de Ermua, en el primer caso, y Dignidad y Justicia y España y Libertad, dos de las varias asociaciones que han hecho bandera del activismo jurídico contra los anunciados contactos del Gobierno con ETA, en el segundo, están en su derecho de acudir a los tribunales si consideran que alguien vulnera la ley. Pero los tribunales tienen el deber de acoger con suma cautela los intentos de instrumentalizarlos y de azuzar su celo hacia una determinada e interesada interpretación de la ley y de la aplicación del Estado de derecho.

El Tribunal Supremo ya salió al paso de parecidos intentos a raíz de las querellas presentadas por Manos Limpias, el Sindicato España 2000 y la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra Josep Lluís Carod Rovira por su reunión con ETA en Perpiñán en enero de 2004. El Supremo rechazó de plano las querellas por no considerar delictiva dicha reunión. Y es que el juicio político negativo que puedan merecer un hecho o una persona -y la entrevista de Perpiñán lo tuvo, y muy merecidamente- no puede trasladarse sin más al ámbito penal. Cada cual tiene sus reglas propias.
Esas reglas las confunden quienes llevados de su rechazo político a Otegi y demás dirigentes de la ilegalizada Batasuna, les niegan lo que ni la sentencia de ilegalización ni el auto judicial de suspensión de sus actividades les han quitado: sus derechos civiles y políticos. Trazar la línea divisoria entre estos derechos y la prohibida actividad orgánica de Batasuna no es fácil, pero es obligación de la justicia delimitarla para, de un lado, no vulnerar derechos, y de otro, no amparar la impunidad. Es coherente, por ello, que el fiscal de la Audiencia Nacional realice un informe previo sobre la legalidad de la reunión. No lo es, en cambio, la actitud del Partido Popular, que si por un lado mostró su acuerdo con un contacto con ETA para exigirle que entregue las armas, rechaza por el otro una reunión con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna para decirles que deben desmarcarse de la violencia si quieren participar en la política.

Condena del franquismo
La condena de la dictadura franquista realizada ayer por el Parlamento Europeo constituye un acto de justicia histórica al cumplirse 70 años del levantamiento militar contra la República. Pero no puede interpretarse como sustitutivo del que el pleno del Congreso de los Diputados adeuda a los defensores de la legalidad republicana, barridos por los generales golpistas, y a las víctimas de 40 años de sañuda represión, después de una primera condena, aprobada el 2002 solo en la Comisión Constitucional, que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios después de varios intentos fallidos.
En el centro de esta deuda moral se encuentra la oposición del PP a cuanto suena a condena del franquismo. Los populares se quedaron ayer patéticamente solos en la Cámara de Estrasburgo o, si se prefiere, pintorescamente acompañados por la extrema derecha más cerril, en su oposición a reprobar la dictadura. En vez de eso, prefirieron acusar al Gobierno de quebrantar la Constitución con la reforma de los estatutos de autonomía. Pero, ¿qué solvencia tiene esta o cualquier otra defensa de la Carta Magna en boca de quienes no quieren condenar a los enemigos de la democracia? Todas las respuestas posibles son inquietantes.

Responsabilidad ante la tragedia

ENTRE la tristeza de los valencianos y de todos los españoles, ayer se celebró el funeral por los 41 muertos del metro de Valencia, el accidente más grave de la historia de España y el cuarto del mundo sufrido por este medio de transporte. Don Juan Carlos y Doña Sofía asistieron a un funeral al que también acudieron el presidente del Gobierno, que regresó con urgencia de su viaje oficial a la India, y el líder de la oposición, presente desde el primer momento en el lugar de los hechos. La elogiable reacción de los líderes políticos se sumó así a la eficaz tarea desplegada por los servicios de emergencia y a las demás actuaciones encaminadas a recuperar la normalidad ciudadana. La Generalidad que preside Francisco Camps y el Ayuntamiento encabezado por Rita Barberá han sabido estar a la altura de las circunstancias, al igual que muchos miles de ciudadanos anónimos y todos los españoles que han acompañado a las víctimas en los minutos de silencio. Se trata, en fin, de la reacción solidaria y madura de una sociedad conmovida, pero capaz de sobreponerse a una tragedia.
Superada la urgencia de atender a los afectados y recuperar el pulso cotidiano, el interés de la opinión pública se dirige -como es natural- a la determinación de las causas del accidente. La «caja negra» deja claro que el convoy circulaba a unos 80 kilómetros por hora, el doble de la velocidad adecuada en dicho tramo, sin que sea posible todavía esclarecer los detalles sobre la actuación del conductor, que podría haber sufrido un desfallecimiento. No se confirman las primeras impresiones -algunas con intención diferente de la puramente informativa- acerca del mal estado de la línea de metro por una supuesta falta de inversiones. Es una grave irresponsabilidad hablar antes de tiempo de líneas de metro polémicas, insinuando la dejadez de los responsables de la Generalidad valenciana y sembrando la sospecha entre los ciudadanos. Los medios de comunicación deben mantener en casos como éste un escrupuloso rigor para analizar hechos que suscitan una intensa carga de emociones. Cuando se equivocan, tienen el deber de rectificar con toda claridad por respeto a la verdad. Lo mismo ocurre con los responsables políticos que se habían precipitado a apuntar hipótesis sobre el mal estado del material. Valencia hace frente a la tragedia y espera la llegada del Papa en una semana que dejará una huella endeleble en la historia de la ciudad.

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Lo que dicen los periódicos sobre la tragedia de Valencia

Tragedia en Valencia

El descarrilamiento del metro de Valencia y su trágico resultado -al menos 41 muertos y 47 heridos- presentan todas las características de un suceso que exige una investigación a fondo. Aunque el portavoz del Gobierno de la Generalitat valenciana se ha apresurado a calificar la catástrofe de "accidente fortuito", los hechos conocidos hasta el momento indican que el convoy quizá circulaba a excesiva velocidad; que, como consecuencia de ese exceso, el segundo vagón rompió una rueda y se precipitó sobre el primero, causando el accidente. Hay razones suficientes para exigir una investigación exhaustiva que aclare no sólo las causas "mecánicas" de la tragedia, sino también las económicas y de gestión.

El punto neurálgico de la investigación radica en aclarar si hubo exceso de velocidad. Pudo deberse a un error humano, a un fallo técnico producido por una avería en los limitadores de velocidad o a una combinación con la rotura de algún elemento mecánico del ferrocarril que podría ser una rueda del tren. Y si no fuera así, debería explicarse cómo se produce un descarrilamiento en una unidad que circula a la velocidad adecuada. Todo ello es condición necesaria para que no se repita un accidente de esta gravedad y también para que no se repitan explicaciones insatisfactorias que eluden las responsabilidades en que hayan podido incurrir los gestores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

En la misma línea de metro donde ayer murieron 41 personas ya se produjo el 9 de septiembre de 2005 un accidente, en este caso, en la localidad de Picanya, que causó un herido grave y otros 34 de diversa consideración; siniestro que fue despachado por los responsables de la compañía como el resultado de un "cúmulo de circunstancias" en el que se mezclaron el exceso de confianza de los maquinistas, la defectuosa colocación de una señal y "la posición del sol". Un ejemplo perfecto de cómo no debe concluir una investigación seria.

Para comprender las causas del accidente sí es conveniente conocer las inversiones en mantenimiento del convoy y de la vía, el estado de los sistemas de seguridad del transporte y el cumplimiento de los protocolos de señales. Será necesario también disponer de un informe contrastado sobre la necesidad de renovar el parque de trenes del metro valenciano. Cuando se conozcan todos estos extremos podrá decirse con certeza si el trágico descarrilamiento de ayer fue "fortuito" o reclama responsabilidades a los gestores. El mayor accidente de metro de la historia de España se ha producido en una ciudad que ha hecho un salto espectacular en infraestructuras y en imagen. Este hecho debe suscitar obligadamente alguna reflexión a sus instituciones regionales y a su alcaldía.

Toda España con Valencia
LA tragedia del metro ha golpeado con crueldad a la ciudad de Valencia. Tenía que ser precisamente durante una semana de alegría, en pleno desarrollo del V Encuentro Mundial de las Familias y pocos días antes de la visita del Papa. Los valencianos -y con ellos todos los españoles- viven ahora pendientes del recuento de muertos y heridos. Las Administraciones Públicas han reaccionado con rapidez y eficacia y las autoridades han estado en su sitio para encabezar la respuesta ciudadana, prueba una vez más de civismo y serenidad ante el dolor. Lo urgente es atender a las víctimas y sus familias, así como restablecer la normalidad en el funcionamiento de los servicios públicos afectados. No obstante, en cuanto terminen estas tareas inaplazables, ha de ponerse en marcha una investigación a fondo sobre las causas del siniestro, determinando con todo rigor y precisión las responsabilidades a que haya lugar.
De nuevo, la reacción unánime en apoyo de Valencia y su gente demuestra la solidaridad de todos los españoles ante el drama que aflige a una de nuestra regiones. La reacción de muchas personas en los primeros momentos, apuntando a la posibilidad de un atentado terrorista, es significativa del estado de ánimo de la opinión pública. Todos los portavoces oficiales coinciden en que se trata de un accidente, si bien las causas que se barajan (exceso de velocidad, deficiencias en las infraestructuras o cualquier otra posible) distan mucho de estar definidas. Es imprescindible trabajar sin prisa pero sin pausa, porque la seguridad de los ciudadanos es la primera y principal obligación que incumbe a los poderes públicos en la actual «sociedad del riesgo». La vida sigue y los acontecimientos excepcionales previstos para los próximos días van a continuar su curso. Benedicto XVI sabrá sin duda traer un mensaje de consuelo y esperanza a una ciudad que ha sufrido pérdidas irreparables en vidas humanas, pero que mantiene intactas todas sus energías para hacer frente a la tragedia. Pueden estar seguros todos los valencianos de que España entera está dispuesta a volcar en ellos su apoyo material y moral, como ha ocurrido siempre con cualquier tipo de catástrofe o accidente, puesto que estas situaciones llegan a lo más profundo de la sensibilidad colectiva.

Tragedia en Valencia

Las dimensiones de la tragedia registrada ayer en el metro de Valencia, donde perdieron la vida al menos 41 personas a causa de un descarrilamiento, obliga a los responsables del servicio a actuar con el máximo rigor para establecer las causas del accidente y delimitar responsabilidades. Habida cuenta de que se trata de una línea con solo 18 años de antigüedad, pero que en septiembre del año pasado sufrió otro accidente, por fortuna de carácter menor, hace falta que la investigación sea exhaustiva para devolver la tranquilidad a los usuarios.
La dirección de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana y el Gobierno autonómico deben dar cuenta de cómo es posible que ningún sistema de seguridad frenara el convoy, en el caso de que el accidente se debiera a un exceso de velocidad, o de qué fallos en el mantenimiento de la línea desencadenaron la tragedia, si es que la unidad circulaba dentro de los límites de velocidad permitidos. En principio, en una sociedad moderna y desarrollada como la valenciana, constituye una anormalidad absoluta que una misma línea de metro registre dos accidentes en nueve meses. En nombre del respeto debido a las víctimas, hay que exigir que esta anormalidad sea la última y se sepa la verdad.

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